Leo hoy en el Confidencial, un artículo titulado El gran problema de la justicia española: Muchos jueces no saben de tecnología.
Y pienso que si solo fuesen los jueces los que no saben de tecnología, mejor nos iría. La tecnología en nuestro mundo digital avanza a mucha velocidad. Y no es ya solo la propia tecnología, sino los usos alternativos que le pueden encontrar sus usuarios. Vamos que la complicación ya no es tanto el no saber qué es una cosa, sino también desconocer para qué se está usando (si tienes adolescentes en casa sabrás de qué hablo). Pero ese problema no es solo de jueces, sino que podemos ampliarlo a más ámbitos: políticos, educadores, padres, empresarios, trabajadores… vivimos en un país donde casi es marca de casa el no saber de tecnología digital (y dejaré para otros blogs el comentar el desconocimiento de otras tecnologías y ciencias igual de importantes: mátemáticas, física, biología, astronomía…).
Solo en España puede pasar:
- Que en unas oposiciones para un puesto de por vida en la Administración, como mucho se pida un test de una suite informática privativa de hace 9 años y que ya no se vende.
- Que cuando se contrata a alguien, todo el mundo sepa mucho de ofimática… pero que la realidad sea otra
- Que los grandes jefes de las grandes empresas que se están digitalizando sigan con sus secretarias que les imprimen los correos y toman nota en una libreta de las respuestas.
Así que no debería sorprendernos el que los jueces no sepan de tecnología… ni las leyes tampoco estén adaptadas. Aquí el sistema legal español tiene un gran agujero. Cuesta mucho adaptarse a las novedades del uso de la tecnología digital hoy en día, con leyes que se supone que cubren todo el espectro de aspectos del mismo (y eso es imposible). Y cuando los jueces entran a interpretar las leyes, o entienden de que va la cosa o lo tienen complicado.
Aquí un fallo es el no usar buenos peritos informáticos en los juicios. Pero como vamos a tener peritos informáticos si en cosas mucho más trilladas como las matemáticas o el sistema financiero, estos o no están o dan su opinión personal antes que la profesional.
En resumen, es muy difícil juzgar si no se conoce un tema. Y aquí lo que nos faltaría sería un apoyo de personas con más conocimientos que situasen la acción que se juzga en su contexto real. Y que el sistema judicial solo entrase a valorar si hay o no hay delito… no a interpretar la tecnología como ellos piensan.
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Un opositor a judicatura memoriza al pie de la letra un biblioteca de legislación, sin exagerar. Recuerdo a un magistrado en clase de derecho procesal penal que hablaba dos horas seguidas sin pestañear como si tuviera el código en una mano y un tomo de jurisprudencia en la otra. Pero, por más impresionante que fuera, eso es lo que se hacía antes de inventarse la imprenta.
Los grandes despachos de abogados tienen un departamento de informática como cualquier empresa, pero lo que rodea los juzgados, registros es como viajar al pasado. El mundo del derecho en general tiene cierto gusto por lo arcaico, en la forma y en el fondo.
Pues no me extraña nada. Hasta que no les han obligado con la ley 39/15, me consta que algunos abogados del Estado rechazaban sistemáticamente documentos firmados electrónicamente con ‘firma avanzada’, a pesar de que la Ley de Firma Electrónica (59/03?) le daba la misma validez jurídica.
El problema añadido de todo lo relacionado con la Justicia es que está infrafinanciado. Y no me extrañaría que sea intencionado.
“Solo en España puede pasar”
Pues no.
Lo que sí somos los primeros es en decir que somos los peores, que si Españistán…
En lo demás, sí que estoy en cierta sintonía.
Saludos 🙂